¡FIAT LUX! LA REFORMA ELECTORAL….

¡Luz de esperanza en el horizonte político!

¡FIAT LUX! LA REFORMA ELECTORAL…. Que apenas empieza.

Por Rodolfo Menéndez y Menéndez

Hace unas cuantas semanas, el 15 de mayo, como resultado de la pésima impresión que habían dejado las pasadas elecciones en el Estado de Yucatán publiqué un artículo quejándome de la gran corrupción de los procesos electorales y lamentándome entre otras cosas de la sumisión en la que los partidos políticos y la ciudadanía en su conjunto, habían caído frente a los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, que en actitud rapaz medraban desorbitadamente de nuestras incipientes prácticas democráticas. (Ver artículo titulado "Campañas Corruptas", bajo las etiquetas de Yucatán o Política en este mismo BLOG)

Así concluyo mi artículo: “No ha sido éste, hay que reconocerlo por salud pública, un ejercicio edificante que apunte hacia la consolidación de nuestro incipiente desarrollo democrático. La primera lección que deberíamos extraer de esta elección, aún antes de que culmine, es la referida a la necesidad de que las campañas políticas se transformen racionalmente en beneficio de la sociedad y que no, como es el caso hoy, incidan en su degradación.

Desde luego y ante todo, urge, urge, pero verdaderamente urge que se acabe, mediante una reforma de las leyes aplicables, el negocio vergonzoso que se hace con la propaganda en las campañas mediáticas. Los candidatos deberían poder acceder en términos absolutamente equitativos y gratuitos a los tiempos del Estado que son parte de la concesión de la radio y la televisión. Y ni un quinto para el negocio electorero injustificado y ruin. Los partidos políticos y los legisladores tienen la palabra.”

Y bien, ¡Fiat lux! Al nivel federal, en México, los legisladores han encontrado por mayoría abrumadora de votos en ambas Cámaras el indispensable consenso para modificar nuestro texto Constitucional y quitarle al perverso oligopolio mediático, la canonjía que hasta hoy injustificadamente goza de apropiarse sumas ingentes de recursos públicos, vendiendo a precio de platino lo que debe ser servicio público gratuito.

No se trata, como algunos han sugerido, de expropiar el tiempo que buenamente generan las empresas de radio y televisión para comercializarlo legítimamente. Se trata, sí, de ejercer con rigor y mirando al interés superior de la sociedad, las facultades de quien otorga una concesión que, se entiende, deberá generar utilidades para quien la explote pero condicionando el usufructo al beneficio de la comunidad. No en balde en numerosos países con sistemas electorales más depurados que el nuestro, ésta es una práctica común y aceptada. Lo que se está haciendo, de hecho, es incorporar al trato original de la concesión lo que siempre debió haberse contemplado. Que no se den por ofendidos o asaltados los prepotentes hombres de los medios, que demasiado bien les ha ido a lo largo de todos estos años de abuso sin nadie que se los reclame.

Falta, desde luego, para que este cambio cobre significado real. El proceso de reforma constitucional es aún largo y azaroso. La mayoría de las legislaturas estatales deberá aprobar la modificación a la Carta Magna. Después, la nueva disposición deberá promulgarse. Ambas etapas son zonas de riesgo y todo puede suceder. Los afectados, aullando de coraje como lo están, querrán mantener sus prebendas y actuarán en consecuencia. Nadie abandona posiciones de poder sin dar la lucha encarnizada y los involucrados no son ni almas caritativas, ni tampoco instituciones benevolentes.

Y hay otro aspecto faltante. La reglamentación que tendrá que venir más adelante, en la nueva Ley de Radio y Televisión, que le ha quedado al Congreso como asignatura pendiente después de la invalidación que decidió la Suprema Corte de la disposición previa, en la que el poder mediático había logrado someter a la anterior legislatura (salvo muy honrosas excepciones).

Ahora deberá obligarse por ministerio de ley a los concesionados a otorgar EQUITATIVAMENTE, en épocas de campañas, los tiempos dispuestos por ellos mismos para el análisis de la cosa política, aparte de los que se tengan que destinar a la propaganda en tiempo propiedad del Estado, con la participación de la autoridad electoral, en caso de que lo que acaba de aprobarse en el Congreso Federal sea finalmente promulgado.

Me refiero a lo que se llama barras de opinión, programas de análisis y similares. Nada de que le doy más tiempo, atención y preferencia cualitativa a quien mejor represente MIS intereses. En tratándose de tiempos pre-electorales y electorales, deberá existir un reglamento claro y preciso para que todos los partidos y denominaciones políticas o candidatos registrados, tengan la misma oportunidad de ser vistos y escuchados por la sociedad. Así sucede en los países más cultos. Así debe ser en el nuestro.

Ya no queremos más revivir los tiempos del gran elector. Se trate de quien se trate este ser o entidad privilegiada, sea el Presidente imperial, el PRI omnipotente, Televisa o el Santo Niño de Atocha. Al pueblo, lo que es del pueblo.

México D.F., 16 de septiembre, 2007